"Adelgazar" el sector público. Esa es una de las prioridades del nuevo presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago, que ha encargado estudios de viabilidad de cada uno de los entes públicos adscritos o vinculados a su administración, desde empresas de titularidad pública, a consorcios, o fundaciones y patronatos.
De momento, se ha deshecho de 1.400 vehículos oficiales del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara. Desde ahora, solo cuentan con vehículo oficial el presidente de la Junta y el de la Asamblea, Fernando Manzano, que ha explicado a este diario los primeros pasos del nuevo Gobierno extremeño. Los demás miembros de la Junta, incluidos los dos expresidentes, tendrán a su disposición un parque automovilístico de unos 200 vehículos para cuando lo necesiten.
Con poco más de un millón de habitantes, Extremadura es la comunidad autónoma con mayor tasa de funcionarios por habitante: el 34% de la población activa trabaja para el sector público. Una cifra a la que hay que añadir "una gran cantidad de becas, ayudas y subvenciones" destinadas a empresas contratadas por la propia Junta y ayuntamientos para hacer caja gracias al sector público. “Que la máxima aspiración de los jóvenes recién licenciados y preparados sea aspirar a entrar a la Junta… es muy lamentable”, critica el presidente del Parlamento regional.
De momento, los 521 cargos de libre designación del anterior gobierno cesaron el mismo día que Monago juró su cargo. “Ahora, él montará su nuevo equipo, pero como máximo habrá 250 nuevos cargos”. Además, al presidente, como máxima autoridad del Gobierno regional, lo acompañarán tres escoltas, "cuatro menos que Vara cuando era presidente y dos menos que Ibarra".
El nuevo gobierno extremeño es consciente de la escasez de recursos con los que cuenta, ya que a día de hoy continúa la misma administración que antes de la crisis en cuanto a dimensión de plantilla y gasto. Antes de entrar en el poder, calculaban que obtendrían una liquidez de 200 millones de euros con el plan de austeridad que habían estudiado.
"Dos semanas después de formar gobierno, nos hemos dado cuenta de que podremos ahorrar hasta 300 millones recortando en gastos superfluos de la propia administración". A la hora de dirimir la continuidad o no de los entes públicos, se tendrán en cuenta variables como la producción, si tienen una utilidad claramente social y si desarrollan una actividad que repercuta en el conjunto de la comunidad extremeña. "Cada uno de los organismos públicos deberá presentar su plan de viabilidad si no quiere desaparecer", añade Manzano.
Cierre del macrodespacho de Ibarra
El despacho que la Asamblea de Extremadura mantenía a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ex presidente de la región desde 2004, "se va a cerrar". Desde 2007, en estos 315 metros cuadrados se invirtieron dos millones de euros sacados directamente de las arcas públicas. El jefe del legislativo reconoció a este periódico que "de ninguna de las maneras" se justifican los múltiples excesos de este macrodespacho. "Tanto Ibarra como Vara dispondrán de un espacio en la Asamblea para cuando necesiten reunirse con alguien en condición de expresidentes, pero nada justifica este despilfarro", añade Manzano.
Durante sus dos primeras semanas de Gobierno, los populares en Extremadura reprochan la mala administración de los recursos públicos del PSOE en la región, y critican que se haya gastado de la misma manera antes y después de que estallase la crisis. "Queremos acabar con el espíritu funcionarial de los extremeños. Pretendemos convertir nuestra legislatura en la era de los emprendedores", finaliza.
