En tiempos de crisis en los que toda Europa se ajusta el cinturón, el debate sobre el uso de los coches oficiales apenas ha llegado a una España en la que solo algunos políticos, los menos, han decidido reducir su uso. Es el caso, por ejemplo, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha prescindido de 96 vehículos y de 23 conductores eventuales. O de Alberto Ruíz Gallardón, que los ha limitado solo a aquellos cargos que precisan de escolta. Medidas aún escasas en comparación con las tomadas por otros países como Reino Unido en donde su primer ministro, David Cameron, ha impuesto a todos sus ministros el uso del transporte público.
El último ejemplo de esta auténtica fiebre por los coches oficiales lo protagoniza la Junta de Extremadura del socialista Guillermo Fernández Vara donde, a día de hoy, se contabilizan un total de 1.637 vehículos al servicio, una buena parte, de consejeros, asesores, directores generales, secretarios generales y demás altos cargos de la administración autonómica. Así lo revela una exhaustiva investigación realizada por el Partido Popular de Extremadura que ha detallado en un informe al que ha tenido acceso El Confidencial los modelos, las marcas y los usos de cada uno de los coches que están al servicio de los hombres de Fernández Vara. Una comunidad aglutina el 5% de todos los vehículos oficiales (alrededor de 30.000) que circulan en nuestro país.
El Lexus de la consejera y otros desmanes
El Partido Popular de Extremadura, presidido por José Antonio Monago, comenzó a interrogar a todas las consejerías de la Junta sobre sus coches oficiales después del escándalo que suscitó en su día, en noviembre de 2008, la compra de un lujoso Lexus para la consejera de Economía, Dolores Aguilar. Valorado en 68.208 euros, el escándalo fue tal que la Junta tuvo que devolver el coche y pedir disculpas. Un desmán que, sin embargo, sirvió para que PP y PSOE acordasen a nivel regional un código de buenas prácticas que regula, desde entonces, el uso de estos vehículos. Así, por ejemplo, no se pueden sustituir hasta que no hayan cumplido, al menos, 300.000 kilómetros y su precio máximo, en los de mayor gama, no puede superar los 30.000 euros.
Desde el Gobierno extremeño explican que las cifras aportadas por el Partido Popular coinciden con el parque móvil de la Junta, si bien en eso cómputo se incluyen también turismos, grúas, motocicletas y otros vehículos utilizados por la administración regional para diferentes funciones. “Solo 26 están destinados a altos cargos”, señalan. “Desde que se firmó el código de buenas prácticas, solo los consejeros tienen coche asignado para ellos, los demás altos cargos solo pueden solicitarlo si lo necesitan para algún desplazamiento”.
Una afirmación que no se corresponde, sin embargo, con el informe detallado que manejan los populares y que no oculta todos estos otros vehículos a los que se hace referencia desde la Junta. El documento detalla, por ejemplo, que Fernández Vara dispone de dos coches oficiales, un Volvo S80 y un Audi A8, mientras que su Coordinador General de Presidencia tiene asignado un Audi A6. Un esquema se repite en el resto de los departamentos y de consejerías de su Gobierno donde varios niveles del escalafón disponen de trasporte oficial pagado por el bolsillo de los extremeños.
Así, por ejemplo, la vicepresidenta y portavoz, María Dolores Pallares, tiene a su disposición un Audi A6 y otros 11 vehículos también de gama media-alta para los altos cargos de su departamento. Otro caso llamativo es el de la consejería de Educación, donde se aprecia cómo su titular, Eva María Pérez López, dispone de un Peugeot 607, mientras que sus cuatros directores generales cuentan con sendos Peugeot 407. El informe manejado por el PP y construido a partir de los datos aportados por el propio Gobierno extremeño detalla también cómo la Secretaría General de Educación, Elisa Isabel Cortés, cuenta con un Wolkswagen Passat 2.0 a su servicio que, sin embargo, puede ser usado por la propia consejera “cuando su Peugeot 607 no está operativo”.
¿Y qué fue de la consejera del Lexus? Pues en la actualidad disfruta de un Volkswagen Passat 2.0 TDI cedido, eso sí, por la Consejería de Fomento. Un caso más de un político que, como otros tantos, podría haber ilustrado el número de esta semana del prestigioso semanario
The Economist que se ha fijado en el derroche del sistema político español
centrando su reflexión en el caso del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
Francisco Granados. Ye s que el nuestro es, según la revista, el vivo ejemplo de una Administración a la que le cuesta poner en marcha un verdadero plan de austeridad por sus enormes gastos estructurales. "The pain in spain", titulan el reportaje: Dolor en España. Y no les falta razón.
