El Gobierno portugués anunciaba este miércoles el abandono definitivo del proyecto de tren de alta velocidad con España, que fue suspendido en junio de 2011 tras llegar al poder el actual Ejecutivo conservador luso, según informa EFE. El Ministerio de Economía portugués ha emitido un comunicado sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas conocido hoy y contrario al contrato de construcción del ferrocarril, en el que considera que ese rechazo "cierra la polémica sobre el proyecto, que será, así definitivamente abandonado".
El comunicado señala que el Gobierno va a analizar los pormenores de la decisión del Tribunal y sus consecuencias jurídicas y económicas para actuar en defensa del interés público. El Ministerio reafirma también el plan gubernamental de dar prioridad, en materia de redes ferroviarias transeuropeas, a las conexiones de mercancías desde los puertos de Sines y Aveiro, con el objetivo de estimular la competitividad de las exportaciones portuguesas.
La decisión del Tribunal de Cuentas invalida el contrato para la ejecución del tramo portugués más largo del proyectado ferrocarril entre Lisboa y Madrid, que iba a unir, con unos 150 kilómetros de longitud, Poceirao, en las afueras de la capital, y Caia, en la frontera lusa con Badajoz.
La ejecución de la obra, valorada en unos 1.400 millones de euros, fue adjudicada por el anterior Gobierno socialista de Portugal al consorcio Elos, encabezado por dos grandes empresas lusas, la constructora Soares de Acosta y la concesionaria de autopistas Brisa. Portavoces de Soares da Acosta declaraban a los medios lusos que estudian recurrir el dictamen y pedir compensaciones por los 264 millones de euros que ya han gastado en el proyecto.
El comunicado señala que el Gobierno va a analizar los pormenores de la decisión del Tribunal y sus consecuencias jurídicas y económicas para actuar en defensa del interés público. El Ministerio reafirma también el plan gubernamental de dar prioridad, en materia de redes ferroviarias transeuropeas, a las conexiones de mercancías desde los puertos de Sines y Aveiro, con el objetivo de estimular la competitividad de las exportaciones portuguesas.
La decisión del Tribunal de Cuentas invalida el contrato para la ejecución del tramo portugués más largo del proyectado ferrocarril entre Lisboa y Madrid, que iba a unir, con unos 150 kilómetros de longitud, Poceirao, en las afueras de la capital, y Caia, en la frontera lusa con Badajoz.
La ejecución de la obra, valorada en unos 1.400 millones de euros, fue adjudicada por el anterior Gobierno socialista de Portugal al consorcio Elos, encabezado por dos grandes empresas lusas, la constructora Soares de Acosta y la concesionaria de autopistas Brisa. Portavoces de Soares da Acosta declaraban a los medios lusos que estudian recurrir el dictamen y pedir compensaciones por los 264 millones de euros que ya han gastado en el proyecto.
Los argumentos del Tribunal
El Tribunal de Cuentas, que empezó a analizar el contrato hace casi dos años, justifica su rechazo por incumplimientos detectados en el documento, falta de información del marco presupuestario y violación de la normativa financiera. Además, cuestiona la calificación de la propuesta de Elos y considera que debió haber sido excluida por contener aspectos "no aceptables y no negociables".
El contrato fue firmado en 2010 por el Gobierno de José Sócrates, que defendió el proyecto ferroviario frente a las críticas del Partido Social Demócrata (PSD centroderecha), entonces en la oposición. Cuando el líder del PSD, Pedro Passos Coelho, ganó las elecciones anticipadas de mayo de 2011, cumplió de inmediato su promesa electoral de suspender el proyecto de alta velocidad, que contaba con fondos europeos cuyo destino final aún no está claro.
Desde entonces, el Gobierno portugués y el español han abordado el futuro de las conexiones férreas entre los dos países en varias reuniones y han acordado colaborar en proyectos ferroviarios que faciliten el transporte de mercancías hacia el norte de Europa.
El contrato fue firmado en 2010 por el Gobierno de José Sócrates, que defendió el proyecto ferroviario frente a las críticas del Partido Social Demócrata (PSD centroderecha), entonces en la oposición. Cuando el líder del PSD, Pedro Passos Coelho, ganó las elecciones anticipadas de mayo de 2011, cumplió de inmediato su promesa electoral de suspender el proyecto de alta velocidad, que contaba con fondos europeos cuyo destino final aún no está claro.
Desde entonces, el Gobierno portugués y el español han abordado el futuro de las conexiones férreas entre los dos países en varias reuniones y han acordado colaborar en proyectos ferroviarios que faciliten el transporte de mercancías hacia el norte de Europa.
